Educación y Sociedad
Laura Romero García
Explica de forma clara y concisa:
1) La jerarquía de las
distintas leyes en España y en qué radica las diferencias entre ellas.
Estamos acostumbrados a oír por todos lados hablar de
leyes, leyes orgánicas, decretos… que sabemos a lo que se refieren, pero quizá
no sabemos bien como diferenciarlas o a qué se refiere cada cosa, su
aplicación, cual es más importante que cual…
Pues bien, para empezar a aclararlo veremos que existe
una jerarquía entre todas ellas.
La primera de ellas es La Constitución. Es la Norma suprema del orden jurídico español a
partir de la que se regula la interrelación entre las distintas normas.
La segunda se refiere a Los Tratados Internacionales, acuerdos entre estados o naciones, en
los que se incluye el Derecho de la Unión Europea y otros reglamentos
internacionales.
En tercer lugar tenemos Las leyes promulgadas por las Cortes (Parlamento y Senado), que son
la fuente básica del Derecho del Estado y que se dividen en dos:
a.- Leyes
Orgánicas: Es un determinado tipo de ley que requiere la aprobación, por
mayoría absoluta, del Congreso de los Diputados. Ej: las leyes de educación (LOGSE,
LOE, LOMCE...).
b.- Leyes
ordinarias: No necesitan mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso
de los Diputados. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual está dentro de
esta categoría.
En cuarto lugar vemos Las normas reglamentarias con rango de ley
como el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo.
Vemos como los Reales Decreto Ley se diferencias de
las leyes en que los Reales Decretos Ley los promulga el Gobierno y las leyes
el parlamento. La diferencia entre ellas y las siguientes es que el Real
Decreto Ley se dicta por el Gobierno en caso de extrema y urgente necesidad.
A continuación vienen los reglamentos como los Reales Decretos, las Órdenes de las
Comisiones Delegadas del Gobierno, las Órdenes Ministeriales, etc.
Por último, tenemos las leyes y los reglamentos de las Comunidades Autónomas. A pesar
de su posición, la relación entre las normas autonómicas y las estatales
depende de las competencias de cada una en los diferentes temas.
2. La estructura de las leyes en España.
En
primer lugar, debe indicarse que la estructura de las leyes en España es una
convención. Concretamente en Cataluña no hay una norma que indique cómo deben
estructurarse las leyes. En cualquier caso, la estructura de las leyes, las
distintas divisiones que tenga, depende de la longitud de la ley. Las leyes se dividen para que sean más
comprensibles, se facilite su interpretación y aplicación.
Una ley se divide en título, la parte expositiva,
que comprende el preámbulo o exposición de motivos, y en último término la parte dispositiva que incluye los
artículos, la parte final, y si los hay, los anexos.
Normalmente
las divisiones de la ley van señaladas para favorecer el conocimiento de la
estructura de la ley.
El título. En primer lugar se hace constar
la palabra “Ley”, en mayúscula, a continuación el número ordinal que le
corresponda de manera consecutiva, una barra separadora y a continuación el año
correspondiente: por ejemplo la Ley 1/2008…. A continuación, seguida de una
coma, la fecha de promulgación de la ley. Finalmente, después de otra coma, el
título de la ley, que debe indicar, brevemente, el contenido de la ley.
Respecto
a la fecha de las leyes, una parte de la doctrina española aboga que debería
constar la fecha en la que el Parlamento aprueba la ley. En España hay tres
fechas distintas susceptibles de ser confundidas. La primera es la de la de la
aprobación de la ley por el Parlamento. La segunda es la de la promulgación de
la ley por parte del Rey, que coincide con la fecha en la que el Rey la
sanciona, es decir, cuando la firma. La tercera fecha es la fecha de
publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.
Los
títulos de las leyes deben ser breves y comprensivos del contenido que regulan.
Debe haber un equilibrio entre brevedad y explicitación suficiente del
contenido de la ley. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en los títulos de
las leyes es evitar que contengan sinónimos. También debe evitarse indicar que
las leyes son reguladoras, cosa que ya se da por supuesto y que por lo tanto es
innecesario indicarlo. También debe evitarse indicar que las leyes son de
creación de un ente.
Sin
embargo, sí que es absolutamente aconsejable indicar en el título si se trata
de una ley de modificación de otra anterior, por el principio de seguridad
jurídica.
La parte expositiva de la ley: En España, el preámbulo o
exposición de motivos, pone de manifiesto los objetivos de la ley; es decir, detalla
qué pretende regular la ley y las razones que mueven al legislador a regularlo.
El preámbulo no tiene valor normativo, no es una norma jurídica. Los
preámbulos, o exposiciones de motivos, se recomienda que no sean excesivamente
largos. También debe evitarse que las exposiciones de motivos pretendan ser una
obra doctrinal o un repaso a toda la historia.
Como los
preámbulos deben ser breves, no es necesario dividirlos ni en letras ni en
apartados pero en cualquier caso si hubiese que establecer divisiones en el
preámbulo sería mediante números romanos.
La parte dispositiva de la ley: se divide en libros, títulos,
capítulos, secciones y artículos. Y los artículos a su vez pueden subdividirse
en apartados y en letras. También se integran en la parte dispositiva de la ley
las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, así como
los anexos.
Los libros: exclusivamente son para las
leyes muy extensas. El Código Civil regula materias, como las sucesiones o las
personas jurídicas, que van a perdurar en el tiempo, es decir, que son materias
que normalmente no se modifican en años y que además se trata de una regulación
extensa y detallada. Los libros son, pues, sólo para leyes muy extensas y
tienen cierto carácter excepcional. Los libros se numeran en números ordinales
y se titulan.
Los títulos Los títulos se reservan
también para leyes muy extensas o para leyes de gran importancia institucional.
Por ejemplo, la Constitución española está dividida en títulos. Los títulos se
numeran con números romanos y deben ir titulados.
Los capítulos son directamente una
subdivisión de una ley, que es lo habitual o, si la ley estuviese dividida en
títulos, una división de los títulos. Las leyes suelen dividirse directamente
en capítulos. Cada capítulo, desde la perspectiva de la técnica normativa debe
tener un contenido unitario. Los capítulos se enumeran con números romanos y
cada capítulo va titulado. Por ejemplo: “Capítulo II. Derechos del consumidor”.
Las secciones. Las secciones son una
subdivisión de los capítulos. La subdivisión en secciones no es habitual. Las
secciones se enumeran de modo ordinal (sección primera, sección segunda, etc.)
y también deber ir tituladas. Por ejemplo: “Sección tercera. Derecho a la
información y a la educación”.
Los artículos Los artículos son las unidades
básicas de la ley. Cada artículo debe contener el tratamiento homogéneo de un
único concepto o aspecto normativo. Los artículos están numerados
consecutivamente tanto si la ley está dividida en títulos, en secciones o en capítulos.
Los artículos no deben ser excesivamente largos, y aunque ello es
indeterminado, quiere decirse que deben ser lo más breves que sea posible. Los
artículos deben ir titulados y el título debe ser breve y enunciar su contenido
de manera suficiente, porque facilita a los operadores jurídicos la búsqueda de
su contenido. El título del artículo se sitúa a continuación del número del
artículo. El número y el título del artículo se sitúan por encima del texto del
artículo.
Los
apartados. Los artículos, cuando es
preciso, pueden subdividirse en apartados, que van numerados, con números
cardinales, consecutivamente.
Las letras. Las letras son subdivisiones
de los apartados o directamente de los artículos, cuando se trata de, por
ejemplo, detallar elementos diversos, establecer un procedimiento, etc. Más
allá de las letras, las subdivisiones no son recomendables. Ciertamente hay
leyes subdivididas a su vez en i, ii, iii, etc., pero entendemos que para
homogeneizar la estructura de las leyes las subdivisiones detalladas deben ser
suficientes.
La parte final de la ley. En la parte final de la ley vemos las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Y también los anexos.
La parte final de una tiene el mismo valor
normativo que los artículos aunque
también es cierto que la parte final de las leyes tiene un carácter
residual.
Las disposiciones adicionales Las disposiciones adicionales
contienen los regímenes jurídicos especiales como los territoriales o
económicos. Es decir, hay un régimen especial cada comunidad autónoma que
comporta un sistema de financiación distinto del resto. Y también deben
contener los mandatos no referidos a la producción de normas. Las disposiciones
adicionales son la categoría más abierta del resto de disposiciones de la parte
final de las leyes. Por lo tanto, si algún precepto de la ley no podemos
ubicarlo en ninguna otra parte podremos incluirlo en el “cajón de sastre” de
las disposiciones adicionales.
Las disposiciones transitorias. Tienen como objetivo facilitar
el tránsito entre la norma antigua y la norma nueva. Por ejemplo, si se trata
de establecer la pervivencia parcial del régimen jurídico anterior a una
situación determinada. Por lo tanto pueden establecer la pervivencia de la ley
derogada o la aplicación retroactiva de la nueva ley. En España, las leyes no
son retroactivas salvo que ellas mismas lo establezcan.
Las disposiciones derogatorias. Son aquellas que derogan
alguna norma jurídica vigente. Ya desde el Derecho Romano los juristas sabemos
que lex posterior derogat anteriorem,
es decir que las leyes posteriores derogan a las leyes anteriores. Por otra
parte la Constitución española establece el principio de jerarquía normativa en
virtud del cual las normas de rango inferior no pueden contradecir las normas
de rango superior, por lo cual es una norma que no aporta absolutamente nada.
Por ello, desde la perspectiva de la técnica normativa las disposiciones
derogatorias deben indicar expresamente las leyes o normas con rango de ley que
derogan.
Las disposiciones finales. Son normas que establecen el
mandato de aprobación de otras normas jurídicas, los reglamentos, para
desarrollar la ley. En la doctrina española hay un debate sobre si las leyes
deben facultar al gobierno para elaborar los reglamentos. Por lo tanto, desde
esta perspectiva, nos hallaríamos con este tipo de normas que hemos calificado
como superfluas.
Las
disposiciones finales sirven también para modificar el derecho vigente. Es
decir, si hay que modificar un determinado artículo de otra ley. También en las
disposiciones finales debemos incluir las cláusulas sobre la entrada en vigor
de la ley.
Los anexos. Contienen estadísticas,
fórmulas matemáticas, gráficos, etc. Los anexos deben ir titulados y si hay más
de uno deben estar numerados. Es importante que en el artículo del que traen
causa se haga la remisión al anexo correspondiente. Se publican a continuación
de la ley en el propio Boletín Oficial correspondiente.
3. El proceso de elaboración de las leyes (proceso
legislativo)
El proceso legislativo es el conjunto de trámites que
sigue un proyecto o proposición de ley y que se desarrolla en el Congreso de
los Diputados y en el Senado. El procedimiento legislativo ordinario cuenta con
tres fases básicas:
Fase inicial
En esta fase se presenta una iniciativa legislativa
que se denomina “proyecto de ley” si el autor es el Gobierno o “proposición de
ley” si su autor es el Congreso, el Senado, una Comunidad Autónoma o los
500.000 ciudadanos.
Lo habitual es que los proyectos y proposiciones de
ley del Gobierno sean presentados en el Congreso de los Diputados, pero es
también posible que se presenten en el Senado (por un Grupo Parlamentario o 25
Senadores). En este caso, una vez publicadas se abre un plazo de quince días en
el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas. Cuando el
plazo concluye la proposición o proposiciones de ley se incluyen en el orden
del día para su toma en consideración.
En el Pleno interviene uno de los miembros de su
defensa, seguido de dos turnos a favor y dos en contra, así como un turno de
Portavoces de los Grupos parlamentarios que no podrá exceder de diez minutos. A
continuación la toma en consideración se somete a votación y, si es aprobada,
la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su
tramitación. Si no es aprobada, finaliza la tramitación.
De los textos que inician su tramitación en el
Congreso, los proyectos de ley del Gobierno no tienen que tomar en
consideración. En cambio se exige el trámite de toma en consideración, para las
proposiciones de ley presentadas por los Diputados y Grupos Parlamentarios del
Congreso, Comunidades Autónomas e iniciativa popular.
Fase constitutiva
La fase constitutiva o central es la parte destinada a
determinar el contenido de la futura ley. Se
hace a través de sucesivas deliberaciones y votaciones y tienen lugar en
las Cámaras.
En el Congreso pueden distinguirse las siguientes
fases básicas:
1.
Remisión por la Mesa a la Comisión competente,
publicación y apertura del plazo de presentación de enmiendas.
2.
Primera lectura y votación en el Pleno en el caso de
que se hayan presentado enmiendas a la totalidad.
3.
Reunión de la Ponencia y emisión de informe con su
propuesta, que puede incluir variaciones en el texto.
4.
Debate y votación en la Comisión competente, que
termina con la aprobación de un dictamen que también puede suponer variaciones
respecto al texto inicial.
5.
Presentación de votos particulares para su defensa
ante el Pleno (enmiendas no aceptadas por la Comisión).
6.
Debate y votación en Pleno, con la consiguiente
posibilidad de nuevas modificaciones.
7.
Remisión del texto aprobado por el Presidente del
Congreso al Senado.
En el Senado se sigue un procedimiento parecido, pero
siempre limitado por el plazo de dos meses que establece la Constitución y que
se acorta a tan solo veinte días en los proyectos declarados urgentes:
1. Se dispone la publicación del texto recibido del
Congreso y la Mesa del Senado decide la Comisión legislativa competente para su
tramitación abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos,
de diez días, prorrogable a quince a petición de veinticinco Senadores. Si no
se presentan, el proyecto o la proposición pasan directamente a deliberación en
sesión plenaria.
2. Si se presentan enmiendas o propuestas de vetos, la
Comisión competente puede designar que se elabore el informe, pudiendo
prescindir de este trámite si no lo ve justificado.
3. La Ponencia dispone de quince días para evacuar ese
informe. Únicamente dispone que
comenzarán, en su caso, por las propuestas de veto, para a continuación debatir
por su orden de presentación las enmiendas formuladas a cada artículo o
apartado del texto, y por último, votar el informe. El dictamen de la Comisión
recoge las enmiendas aprobadas.
4. Cuando se ha aprobado el Dictamen de la Comisión,
se abre un plazo de un día para que los Senadores puedan presentar propuestas
alternativas al Dictamen de la mayoría. Los votos particulares deben recoger
enmiendas debatidas y rechazadas en Comisión o los textos remitidos por el
Congreso de los Diputados y modificados por la Comisión.
5. Debate y votación en Pleno antes de que transcurra
el plazo constitucional. El debate comienza con la presentación del Dictamen de
la Comisión por el Senador. A continuación, se abre un debate sobre la
totalidad con un turno a favor y otro en contra, seguidos de las intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios por un tiempo no superior a diez
minutos cada uno. Si hubiese propuestas de veto, el debate sobre la totalidad
se sustituye por el de tales propuestas, que implican de por sí una discusión
sobre el conjunto
Se exige mayoría absoluta para la aprobación de un
veto. Si se produce tal aprobación, que implica un rechazo a la totalidad, ya
no se justifica continuar con el resto del Dictamen, y el Presidente del Senado,
en consecuencia, da por concluido el debate sobre el proyecto, comunicándoselo
así a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Gobierno Si, en
cambio, la propuesta de veto es rechazada, se ponen a discusión los votos
particulares al articulado.
Concluido el plazo de mantenimiento de los votos
particulares, la presentación de propuestas de modificación del Dictamen de la
Comisión se sujeta a reglas estrictas.
El Presidente
de la Cámara tiene la facultad de distribuir los tiempos y ordenar el debate en
el Pleno.
Si el Senado no aprueba un veto ni introduce ninguna
enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados, éste se remite al
Presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real.
Si el Senado introdujera veto o enmienda, el texto ha
de volver, junto con un mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para su
eventual ratificación. El Congreso de los Diputados puede aprobar o rechazar
las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros, y levantar el veto
por mayoría absoluta o bien por mayoría
simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo.
Cuando el Congreso es el último en intervenir, es él
el que realiza la remisión al Presidente del Gobierno a los efectos de la
remisión del texto para su sanción y promulgación por el Rey.
Fase final
La fase final consiste en la sanción, promulgación y
publicación de la ley.
La sanción y promulgación por el Rey son actos
formales, que deben tener lugar en los quince días siguientes, sin que el Rey o
el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a
las Cortes Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada
en el Boletín Oficial del Estado.
4. Políticas públicas y política educativa. Cómo
analizar la política educativa.
Para analizar una política educativa, primero hemos de
tener en cuenta la magnitud de los cambios de orden económico, político, social
y cultural (Bonal 1996)
Según dale (1989, p.66) hay que partir de la
definición de mandato, refiriéndose a una expresión de lo que es deseable y
legítimo que cumpla socialmente la política educativa en un momento histórico
determinado. Por lo que dependiendo del mandato político habrá diferentes
cambios en educación.
Según los diferentes periodos podemos observar puntos
de inflexión importantes en la política educativa, y los objetivos del mandato
en cada periodo no suponen un acuerdo. Los diferentes terrenos en política
educativa se diversifican.
El principio de igualdad de oportunidades se convierte
en fundamental hablando de su histórica desigualdad y diferenciación. Sin
embargo es uno de los problemas a los que se enfrenta el Estado.
Es necesario modificar el sistema en cuanto a
contenidos, metodología, especialmente en la enseñanza pública, la formación
del profesorado, la poca inversión en investigación e innovación educativas…
¿Es el sistema
educativo más igualitario? Difícil pregunta, aunque las desigualdades en
educación se han reducido, siguen existiendo diferencias notables refiriéndose
a las probabilidades de acceso y terminación de estudios entre los distintos
grupos sociales.
Es imposible para el Estado atender las múltiples
demandas y reivindicaciones, por lo que genera las condiciones para la
institucionalización de intereses en grupos o asociaciones.
Partidos
políticos y sindicatos, que canalizan inmediatamente los intereses enfrentados
del sector educativo.
Asociaciones
de madres y padres de profesorado y de titulares de centro: La fragmentación de
demandas es especialmente visible en los numerosos grupos de interés distintos
a los sindicatos.
La gestión del sistema: desregulación y
descentralización regulada: Podemos referirnos al grado de autonomía en la toma
de decisiones y de participación en la gestión pedagógica y económica de los
centros educativos, o a la capacidad de elaborar políticas educativas y de
gestión a nivel territorial.
Bibliografía
Pau i Vall, F. (2009). La
estructura de las leyes en España. Revista
Debate, 16, 12-20.
Bonal, X. (1998).
Capítulo 8. La política educativa: dimensiones de un proceso de transformación
(1976-1996). En R. Gomá & J. Subirats (coords.), Políticas públicas en
España (pp.153 -175).
Realmente los nuevos tipos de familia no
tiene por qué influir en la educación de sus hijos, pero si lo es que no exista
un marco de referencia que guíe y eduque a los hijos, pues se están perdiendo
las antiguas creencias, los valores vividos, y la educación recibida a la hora
de educar a la generación actual. (Aguilar Ramos, 2002.). Las familias
tradicionales educaban de una manera mucho más autoritaria, por lo que ahora,
los padres que fueron educados con un modelo autoritario, buscan lo contrario
para sus hijos, buscan una educación más liberal, no tan rígida, en la que
pueden perder autoridad sobre sus hijos. 
Sin embargo, si los
niños se encuentran haciendo actividades que directa o indirectamente tienen
que ver con la escuela, no dedican el esfuerzo que corresponde a cada tarea, y
acaban cansándose de “estudiar”, y contamos con que los niños asisten a la
escuela desde los 3 años hasta los 16 obligatoriamente, por lo que esa
permanencia, esa obligatoriedad, y tantos años, cansan a los alumnos, pues
siempre se repite lo mismo, día tras día, curso tras curso. 
Para superar los problemas a los que se
enfrenta la escuela, y que la escuela resuelva los problemas que quieren los
padres, estos deberían involucrarse en la educación de sus hijos más de lo que
lo hacen. Hay padres que se involucran y participan directamente en la
educación de sus hijos, se incorporan al consejo escolar, crean organizaciones
como el AMPA… Pero lo mínimo sería asistir las reuniones de padres, a las
tutorías grupales e individuales, simplemente para estar informados, pero hay
otros padres que no participan en ninguno de los ámbitos, por lo que podemos
suponer que no se interesan demasiado por la educación de sus hijos, o confían
demasiado en la escuela, y depositan todas sus responsabilidades en ella. 
En cuanto a la
escuela, el problema es que toda la falta de autoridad y de control que
muestran los padres hacia sus hijos, lo asumen los profesores, que lo aplican a
su época, que en ocasiones coincide con cómo educaban a los padres de estos
niños, por lo que ese contraste, ese desfase, es el que hace que los niños
choquen tanto con los profesores, y acaben odiando la escuela. 
